feminismo · guerra de clases

La camarada Carol explica en El Salto Diario la imposible situación de las trabajadoras sexuales en los estados «abolicionistas», que no abolen nada sino el derecho a buscarse la vida, cuando lo que deberían hacer, si acaso, es abolir el estado de necesidad que fuerza a la gente a vender sus vidas en curros de mierda, sean sexuales o no.

Se llamaba Mercy, era nigeriana y ejercía el trabajo sexual, junto con otras compañeras, en un piso de Noruega. Un día, un agresor, haciéndose pasar por cliente, se presentó en el piso, las robó y las violó. La policía tardó tres horas en llegar. Tras prestar declaración en comisaría, fueron alojadas en un hotel. Cuando volvieron a su casa, el arrendador las echó, alegando que habían ejercido prostitución en ella. El resultado de denunciar una agresión fue quedarse sin casa: las habían desahuciado por putas.

El motivo fue que, en los países abolicionistas, es ilegal alquilarle una vivienda a una prostituta, ya que se considera delito de proxenetismo. La consecuencia de esta medida es la clandestinidad y, por ende, la indefensión. Así lo señala el informe de Amnistía Internacional El coste humano de “machacar” en el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega.

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